Asignación de jurisdicción a los tribunales: ¡los parlamentarios salven el espíritu de la ley sobre la debida diligencia!

lunes, 25 de octubre de 2021 en: Noticias

Este debate siguió a una peligrosa reversión por parte del Senado que, bajo la presión de los grupos de presión, había adoptado una enmienda que otorgaba al Tribunal de Comercio de París jurisdicción sobre las disputas basadas en esta ley. Al otorgar competencia al tribunal, los parlamentarios decidieron facilitar el acceso a la justicia para personas cuyos derechos están amenazados o han sido violados como resultado de las actividades de las grandes empresas francesas. Así, los magistrados, cuya experiencia en derechos humanos está probada, intervendrán desde la primera instancia, lo que no es el caso de los jueces consulares, quienes son elegidos por sus pares entre comerciantes y gerentes de empresas comerciales.

Los parlamentarios reconocen así el verdadero significado del deber de diligencia. Es una obligación de las empresas identificar riesgos y prevenir graves abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente, y por tanto un asunto que concierne a la sociedad en su conjunto, que debe ser atendido por el juez civil. La decisión contraria habría tenido la consecuencia de abordar esta ley desde un punto de vista comercial, con el riesgo de reducir el deber de vigilancia a una mera obligación formal de “gestión del riesgo”, creando así nuevos obstáculos en la búsqueda de justicia para personas cuyos derechos están siendo violados por multinacionales.

Esta elección es tanto más importante en un momento en que la Comisión Europea está preparando una propuesta de directiva sobre el deber de vigilancia, a la luz de la experiencia francesa. Esperamos que esta elección se tenga en cuenta en las decisiones que se esperan en los próximos meses en el litigio en curso.

Ante el lobby empresarial que constantemente intenta socavar el alcance del deber de diligencia, acogemos con agrado la elección de los parlamentarios de haber aclarado este punto de la ley de 2017, reafirmando la necesidad de una implementación efectiva del deber de diligencia.

[Comunicado de prensa escrito por 6 ONG, todos miembros del colectivo Rethinking Value Chains: Friends of Earth France, Action Aid France, CCFD-Terre Solidaire, Collectif Ethique sur l'étiquette y Amnistía Internacional Francia].

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